encuestocracia, my balls!

La búsqueda de un significado literal del neologismo ‘encuestocracia’ nos llevaría a: 1. “gobierno de un país o determinados sectores de la población a través de los sondeos de opinión”. 2. “direccionamiento de la opinión pública para favorecer a tal o cual candidato según los porcentajes estadísticos”.

Si los medios de comunicación son el Cuarto Poder, las empresas encuestadoras —amas y señoras de las preferencias ideológicas y comerciales— representan el Quinto. Los resultados arrojados por una encuesta deciden la validez o supervivencia no solamente de candidatos políticos, también de la adquisición de bienes y servicios (en marketing lo llaman ‘participación de mercado’) y la supervivencia de distintos medios impresos, asó como de ciertos programas en las parrillas radiales y televisivas.

El Jurado Nacional de Elecciones no goza de mucha credibilidad. Los pasados comicios municipales y regionales dejaron muchas dudas sobre su neutralidad. Un segmento importante de la ciudadanía opina que existe cierta injerencia del partido aprista en la entidad. La haya o no, pienso que la exigencia del JNE a las encuestadoras de mostrar la identificación de sus encuestados es una medida benéfica, injustamente satanizada por los principales grupos de comunicación, léase El Comercio, algunos candidatos y las propias encuestadoras.

La campaña para generar pánico y desconfianza en nuestro medio tuvo una efectividad inusual. En menos de cuarenta y ocho horas de conocida la medida, el JNE tuvo que dar marcha atrás y rectificarse, garantizando que las encuestadoras seguirán realizando su labor sin rendirles cuentas a nadie. Personalmente creo que se armó una tormenta de nieve en pleno verano.

La medida —ya abortada— no dañaba la democracia, no alimentaba la posibilidad de un fraude, tampoco atentaba contra la libertad de opinión de los ciudadanos. La medida no era anticonstitucional porque no iba contra las preferencias políticas de los individuos. En una sociedad madura y libre, la exigencia del JNE garantizaba la transparencia de la empresa encuestadora al quedar validados —aún más— los resultados de su estudio.

Me explico. Supongamos que la empresa encuestadora X desea realizar una encuesta realmente representativa del voto en el Perú. Se determina el tamaño de la muestra y se especifica que debe aplicarse a dos mil personas. La medida del JNE lo único que hacía era verificar que se efectúen esas dos mil encuestas a personas reales, a las cuales se les pide dar su nombre, número de documento de identidad y un número telefónico para una demostración posterior de que ha sido encuestado. ¿Dónde está lo intimidante, dictatorial, arbitrario o atentatorio en ello? Además, al consignar una dirección domiciliaria se valida de manera cabal los porcentajes que se deben aplicar en las zonas urbanas y rurales, para las ciudades, distritos y regiones, aparte de las variables por sexo y edad. ¡Qué carajo tiene eso de malo o fraudulento! Mayor transparencia para garantizar la labor de las encuestadoras, imposible.       

Sin embargo, vaya los tontos útiles que sumaron sus voces a la propaganda de los grupos de comunicación, quienes se encargaron de propagar el pánico sin manifestar convincentemente por qué la medida era antidemocrática. Por el contrario, se encargaron de azuzar a la población con las sospechas de una “posible manipulación de resultados”, de una política ‘chavista’, de una desconfianza al mismo proceso electoral. Se llegó al extremo de soltar el rumor de que las encuestas estarían prohibidas, que la propalada por Ipsos-Apoyo el pasado 13 de febrero sería la última permitida. Argumentos totalmente descabellados que sin embargo calaron muy rápido en los temores de la población.

Si bien en los últimos años los porcentajes emitidos por las principales empresas encuestadoras no han motivado dudas, eso no justifica que se conviertan en entes autónomos, insujetables a ningún tipo de control o fiscalización. Los medios de comunicación en vez de propalar temores propios de los tiempos del Fujimorato, debieron analizar y debatir la medida —algo que no se hizo nunca—. Antes que defenestrarla, debieron colaborar en la tarea de transmitir confianza a los encuestados en el instante de ser abordados por las encuestadoras. El Perú con todas sus injusticias y errores, está todavía muy lejos de ser una Corea del Norte o un Estado Talibán donde se persigue a las personas por su libertad de opinión.

El JNE ya dio marcha atrás y las reglas continúan como están. El error garrafal fue intentar la adopción de una medida de este calibre faltando menos de dos meses para los comicios generales. Para evitar suspicacias, en 2014 sería prudente tomar la normativa con unos seis meses de antelación, lanzando a su vez una campaña educativa que demuestre las garantías de no atentar contra la libertad de credo y pensamiento. En democracia el voto no debe ser secreto y menos causal de represalias y persecuciones. Esa es la verdadera libertad.