la revocatoria a susana

Estoy de acuerdo con que los ciudadanos tengamos el derecho democrático de revocar a nuestras autoridades a nivel nacional. La revocatoria debe pender cual espada de Damocles sobre las testas de todo representante electo, quienes muchas veces se creen ‘amos y señores’ del puesto obtenido por sufragio, con la potestad de gobernar como les venga en gana.

La revocatoria consiste en remover, sacar, expulsar, botar, destituir, expeler de su cargo a alcaldes y regidores, presidentes y demás funcionarios regionales, jueces de paz elegidos por voto popular. No se puede revocar al presidente de la República —con lo que estoy de acuerdo—, ni tampoco a los congresistas —con lo que no estoy de acuerdo— por lo que tenemos que soportar a una sarta de gaznápiros y comechados por cinco años exactos.

Cualquier ciudadano común puede presentar una solicitud de revocatoria al jefe de la Onpe. Después de cancelar sus derechos (S/. 79.13) debe redactar un documento en el que se consigne los nombres de las autoridades a revocar y los motivos por los que se deben ir. Una vez que te entregan el kit electoral, puedes alegremente caminar por las calles de tu jurisdicción en pos de la firmas necesarias para efectuar el proceso.

El 30 de septiembre de 2012, 69 alcaldes y 390 regidores fueron revocados de sus cargos. En Lima removieron al alcalde de Punta Negra y a su regidor, el popular Aldolfo Chuimán. En La Libertad se ejecutaron once procesos de revocatorias, mochando las cabezas del alcalde provincial de Bolívar y la del alcalde distrital de Magdalena de Cao. 

Cuando un alcalde es revocado, es reemplazado por el primer regidor hábil que le sigue en su lista electoral. Si el regidor es revocado, lo reemplaza el suplente de su propia lista. El suplente sólo ejercerá el cargo hasta que se cumpla el mandato de la auoridad despachada (y despechada). Para que haya nuevas elecciones se requiere que se revoque a más de un tercio de los miembros del concejo municipal (alcalde incluido).

Susana Villarán de la Puente es la alcaldesa de Lima y por ende no está exenta de proceso revocatorio, el mismo que según mi opinión debería realizarse en un tiempo límite. Si bien el JNE establece que no se puede revocar a un alcalde en su primer ni último año, considero que extenderlo a los dos años intermedios es demasiado. Particularmente yo cerraría el espectro al segundo año, tiempo suficiente para descubrir si la autoridad en cuestión reúne o no las condiciones para seguir ocupando el puesto y daría mi fallo para que máximo en el mes de octubre se efectúe el proceso revocatorio. La pasada revocatoria se hizo en un tiempo justo —fines de septiembre— y permitió que una nueva autoridad (pero del mismo partido o movimiento) gobierne por dos años.

Para mi gusto, en el caso de Susana el JNE peca de extemporáneo. Debió fallar, como en los otros casos, máximo en septiembre (aunque claro, no es lo mismo recolectar mil que 400 mil firmas). Se dice que el proceso de revocatoria recién se realizaría a mediados del próximo año con lo cual asumiría un paparulo llamado Fidel Ríos Alarco, quien en una entrevista en un programa dominical se pintó como un oportunista de dos por medio.

A pesar que tampoco estoy muy de acuerdo que pierda con el 50% más uno de los votos, teniendo en cuenta con los alcaldes en el Perú no son elegidos por mayoría absoluta —para permanecer en su cargo un alcalde sojuzgado debería, creo yo, obtener el mismo porcentaje con el que salió elegido—; esas son las reglas de la democracia peruana, y caballero, Susana Villarán está obligada a jugarlas.  

Lo que me da mala espina son las personas detrás de este movimiento promotor de la revocatoria, sobre todo el tal Marco Tulio Gutiérrez, propietario de un instituto de medio pelo en el centro de Lima, quien, según audios propalados, actuaría bajo las órdenes de José Luna Gálvez, congresista de Solidaridad Nacional, partido de Luis Castañeda, exalcalde de Lima y uno de los principales impulsores de la campaña en contra de la elección de Susana. Gutiérrez ha declarado públicamente que toda la ‘gracia’ le ha costado 30 mil nuevos soles y que ha contado con el apoyo desinteresado de sus alumnos y exalumnos del instituto para la recolección de firmas, argumentos que por supuesto, son irrisorios.

Susana Villarán —la primera electa de Lima— no ha sido una mala alcaldesa. Es del tipo de políticos que me gustan, de aquellos que trabajan en silencio, sin abusar de exposiciones mediáticas. Sin embargo, desde que asumió el puesto ha sufrido de críticas innumerables, al punto que un grueso de la población piensa que es una mujer ineficiente, que está borrando todo lo positivo logrado por Castañeda. Como me dijo hace unos meses un amigo limeño: “¡esa tía está que la caga!”     

Sus enemigos políticos —que inexplicablemente son varios— no ven con buenos ojos sus proyectos viales ni la recuperación de la ribera del río Rímac. También hay quienes la sindican de ser la culpable directa de la muerte de dos delincuentes y de los saqueos en Gamarra, tras el desalojo del mercado mayorista de La Parada en La Victoria (responsabilidad que debería recaer en los estrategas policiales). Felizmente, considero que un grueso sector valorará que esta dama haya tenido los pantalones para solucionar un problema —una ‘papa caliente’— que ningún alcalde varón anterior se había ocupado en varias décadas, algo que los mezquinos de siempre no sé si estarán dispuestos a reconocer. 

Particularmente no oculto mis simpatías por Susana —una socialista que chambea— y espero que cumpla con su mandato, al menos que los limeños sean necios y opten por bajarse a la amazona del caballo, de la misma forma como el tombo y la pobre yegua sacrificada tras el choque de La Parada. Darle una patada sería poco benéfico para todos los vecinos.